¿DÓNDE QUEDA LA FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS?

Ludovico Ariosto

El Ejército, es imperativo reconocerlo, ha venido haciendo esfuerzos institucionales de importancia en los últimos años, ordenados a formar a sus hombres en el campo de los derechos humanos.
No solamente deben estar instruidos acerca del sistema jurídico vigente, que consagra garantías y libertades a favor de los ciudadanos -que ellos están obligados a respetar y a defender-, sino que deben estar persuadidos acerca del contenido de cada derecho y de la concepción general de los mismos; del bloque de constitucionalidad; de la incidencia que tienen en casos concretos los tratados internacionales sobre derechos humanos, su interpretación, así como –muy especialmente- los principios y reglas del Derecho Internacional Humanitario, que rigen en los casos de un conflicto interno como el que se desarrolla en Colombia.
Es muy importante que la ciudadanía tenga la certidumbre acerca de que las batallas que se libran por parte del Ejército colombiano, en defensa de la soberanía y del territorio, se llevan a cabo dentro del debido respeto y consideración hacia la dignidad de la persona humana –de la que son titulares hasta los subversivos más aguerridos y los delincuentes más peligrosos-, y aplicando las normas de la Constitución y de la ley que aseguran a todos la intangibilidad de los derechos fundamentales .
Esto se lo hemos escuchado varias veces al actual Comandante del Ejército, General Mario Montoya, quien en este momento debe ser felicitado por la manera en que sus contingentes lograron presionar de tal manera a la guerrilla de las Farc, que obtvieron éxito en la fuga y liberación del ex senador Lizcano, después de ocho años de secuestro.
Pero simultáneamente, prosigue la preocupación por los hechos relacionados con las desapariciones de jóvenes de Bogotá y Soacha, luego muertos y reportados como muertos en combate.
El General reconoció oficialmente que hay militares comprometidos en operaciones de falsos positivos.
En efecto, tres oficiales del Ejército en Norte de Santander fueron temporalmente retirados del Ejército, mientras se adelantan los procedimientos ordenados a destituirlos. Se trata del Coronel Santiago Herrera, Jefe de Estado Mayor de la Quinta División del Ejército; del Coronel Rubén Castro, Comandante de la Brigada Móvil número quince de Norte de Santander, y con presencia en Ocaña; y del Teniente Coronel Gabriel Rincón, Jefe de Operaciones de la Brigada Móvil número quince.
Existen, según Montoya -un oficial muy serio, que merece entera credibilidad- pruebas que comprometerían los procedimientos del Ejército en la materia.
El Ministro de la Defensa Nacional, Juan Manuel Santos, y los altos mandos militares han decidido reunirse en una junta asesora que a su vez tendrá por objeto definir la manera de proceder respecto del grave asunto.
Como se recordará, el 23 de septiembre último el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, había solicitado a la Fiscalía General de la Nación que iniciara una investigación con el fin de establecer "a la menor brevedad" las circunstancias en que se produjo la muerte de 11 individuos reportados como desaparecidos, entre enero y agosto de este año, de las localidades de Soacha (Cundinamarca) y Ciudad Bolívar (Bogotá). En esa ocasión, el Ministro dijo tener noticias acerca de que reductos de la Fuerza Pública exigían cuerpos para falsos positivos.
El 24 de septiembre, el Fiscal General, Mario Iguarán Arana, notificó que la cantidad de cuerpos hallados en fosas comunes en Ocaña y Cimitarra (Norte de Santander), y quienes habían sido reportados como miembros de grupos delictivos muertos en combate con el Ejército, subía a 19, cifra que el 26 de septiembre volvió a incrementarse, y ya se habló de 23 personas.Efectuadas las autopsias correspondientes, se pudo establecer que los jóvenes habían muerto entre uno y cuatro días luego de que fueran reportadas sus desapariciones.
¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y dónde quedó la formación de los militares en Derechos Humanos?